Tras la abolición de la Fiscalía (검찰청), la Fiscalía de Acusación (공소청) y la Agencia de Investigación de Delitos Graves (중대범죄수사청; 중수청) comenzaron a funcionar el pasado 2 de octubre. El 6 de octubre, el presidente Lee Jae-myung se reunió en una sesión del Consejo de Estado (국무회의) celebrada en la Casa Azul (청와대) con los directores interinos de ambas instituciones y de la Policía. Lee calificó la creación del nuevo sistema de «decisión histórica del pueblo» y afirmó que no debe volver a ocurrir que las funciones de investigación y acusación se utilicen con fines políticos o queden a merced del poder político. Pidió a la Agencia de Investigación de Delitos Graves que investigara rigurosamente los delitos de los dirigentes, sin distinción entre el partido gobernante y la oposición.

Antecedentes y contexto

A la reunión del Consejo de Estado asistieron Lee Jeong-hyeon, director interino de la Fiscalía de Acusación; Jeon Jong-min, director interino de la Agencia de Investigación de Delitos Graves; y Kim Jong-cheol, director interino de la Agencia Nacional de Policía (경찰청). Lee dijo que las instituciones de investigación y acusación no deben causar injusticias a particulares ni permitir que estas se produzcan. Después de la reunión, almorzó con los tres directores interinos.

Lee afirmó que la Fiscalía había tenido un enorme poder desde la fundación del Gobierno tras la liberación, y que, en algún momento, llegó a abusar del poder del Estado hasta el punto de atribuir a particulares delitos que no habían cometido. Sin embargo, no especificó a qué casos se refería. Señaló que, dado que se había llegado al punto de separar las funciones de investigación y acusación y cambiar la dependencia institucional, debía subrayarse el papel de las nuevas instituciones para evitar que se repitieran los abusos de poder del pasado.

La polémica no se limitó al contenido de sus peticiones, sino que también surgió por la forma de transmitirlas. En los círculos políticos y jurídicos hubo críticas de que la asistencia de los responsables de las instituciones de investigación y acusación a una reunión del Consejo de Estado y su almuerzo con el presidente podían menoscabar la independencia institucional. Por su parte, un representante de la Casa Azul dijo que entendía que el presidente les había pedido que las nuevas instituciones se consolidaran sin interrupciones en los procesos de investigación y acusación. El punto de fricción entre ambas interpretaciones es cómo garantizar al mismo tiempo una mayor rendición de cuentas de las nuevas instituciones y su distancia respecto del poder político.

La oposición criticó al presidente Lee, entre otras cosas, por volver a mencionar la necesidad de una comisión especial de investigación sobre acusaciones fabricadas, y afirmó que seguía preparando el terreno para retirar acusaciones. Esta es una afirmación de la oposición: los hechos publicados no permiten concluir que el presidente ordenara retirar acusaciones ni que se haya confirmado que esa fuera su intención. Es importante distinguir entre sus peticiones y las críticas que estas suscitaron.

Qué significa esta noticia

Las facultades de las instituciones de investigación pueden servir para esclarecer delitos, pero deben estar sujetas a controles que impidan que se abuse de ellas y se perjudique a particulares. El énfasis de Lee en no convertir a inocentes en sospechosos recuerda que el desempeño de las nuevas instituciones no debe medirse únicamente por sus resultados en materia de investigación. Al mismo tiempo, la imagen de sus responsables asistiendo a una reunión con el presidente y almorzando directamente con él puede aumentar las preguntas sobre cómo se protege en la práctica la independencia de las investigaciones.

Por ejemplo, si un ciudadano fuera objeto de una investigación, lo importante para esa persona no sería solo el nombre de la institución a cargo. También importaría que la investigación se llevara a cabo al margen de los intereses políticos y que existieran mecanismos de control para corregir una injusticia si se produjera. Se trata de una explicación hipotética; con esta noticia no se puede afirmar que hayan cambiado los procedimientos de investigación o las vías de reparación para ciudadanos concretos.

También es necesario precisar a quién y a qué ámbito se dirigió la petición relativa a la Agencia de Investigación de Delitos Graves. La solicitud de investigar sin vacilaciones y con rigor los delitos de personas con estudios y poder, independientemente de su afiliación política, iba dirigida a esa agencia. Reescribirlo como si la misma petición se hubiera dirigido a las tres instituciones supondría atribuir las palabras a destinatarios equivocados.

Debate sobre la reforma de las facultades de la Oficina de Investigación de Delitos de Funcionarios de Alto Rango

La Oficina de Investigación de Delitos de Funcionarios de Alto Rango (고위공직자범죄수사처; 공수처) expresó su oposición a un proyecto de reforma de la Ley de la Oficina de Investigación de Delitos de Funcionarios de Alto Rango (공수처법) impulsado por el Partido Demócrata. Según las informaciones publicadas, el proyecto transferiría a la Agencia de Investigación de Delitos Graves las facultades de la Oficina para investigar al presidente, al primer ministro, a los ministros y a los parlamentarios, entre otros, y permitiría que la Oficina investigara a jueces, fiscales, investigadores y policías. La reforma legal aún no ha sido aprobada. La Oficina sostuvo que la Agencia de Investigación de Delitos Graves y la Policía dependen del Ministerio del Interior y Seguridad, y que el presidente nombra al ministro; por ello, argumentó que encomendar las investigaciones únicamente a instituciones integradas en la cadena de mando del presidente supondría un retroceso en los mecanismos de control.

También se informó de que el Partido Demócrata está estudiando la posibilidad de ampliar la Oficina a una organización de ámbito nacional, para que controle a las fiscalías de acusación, las agencias de investigación de delitos graves y las agencias de policía de cada región. La Oficina sostuvo que sería difícil asumir esa tarea sin dotarla de personal y organización adecuados. La cuestión no es solo dónde asignar las facultades, sino también cómo dotar a la institución de la capacidad necesaria para ejercerlas efectivamente y controlar a otras instituciones.

Hechos confirmados y cuestiones aún desconocidas

Hechos confirmados

  • La Fiscalía de Acusación y la Agencia de Investigación de Delitos Graves comenzaron a funcionar el pasado 2 de octubre. Lee Jeong-hyeon y Jeon Jong-min, directores interinos de esas instituciones, y Kim Jong-cheol, director interino de la Agencia Nacional de Policía, asistieron a la sesión del Consejo de Estado el 6 de octubre.
  • El presidente Lee dijo que no se debe permitir que el poder político abuse de las facultades de investigación y acusación ni que estas se utilicen para causar injusticias a particulares.
  • La petición de investigar rigurosamente los delitos de los dirigentes, sin distinción entre el partido gobernante y la oposición, iba dirigida a la Agencia de Investigación de Delitos Graves.
  • La oposición criticó lo que describió como una maniobra para retirar acusaciones, y en los círculos políticos y jurídicos se planteó la preocupación de que se menoscabara la independencia institucional.
  • La Oficina de Investigación de Delitos de Funcionarios de Alto Rango expresó su oposición al proyecto de reforma de su ley que transferiría a la Agencia de Investigación de Delitos Graves las facultades para investigar a altos cargos públicos.

Cuestiones aún desconocidas

  • Las informaciones publicadas no permiten saber a qué casos concretos se refería el presidente Lee al hablar del abuso del poder por parte de la Fiscalía.
  • Aún no se ha decidido qué ocurrirá con el proyecto de reforma de la ley de la Oficina ni con el plan para ampliar esta a una organización de ámbito nacional.
  • No se han presentado medidas o mecanismos concretos para garantizar la independencia de la nueva Fiscalía de Acusación y de la Agencia de Investigación de Delitos Graves.

Qué debería comprobar el lector

  • Es necesario comprobar qué disposiciones sobre los sujetos de investigación y las competencias de cada institución se aprueban en el debate sobre la reforma de la ley de la Oficina. Lo publicado hasta ahora se refiere a una propuesta en curso y a la oposición de la Oficina, no a una ley aprobada.
  • Conviene observar cómo se articula la relación de la Fiscalía de Acusación y de la Agencia de Investigación de Delitos Graves con el Gobierno, incluida su asistencia a las sesiones del Consejo de Estado, durante el nombramiento de sus responsables permanentes y el funcionamiento de las instituciones.
  • Para evaluar la polémica sobre la independencia de las nuevas instituciones, es necesario examinar no solo las afirmaciones de los partidos políticos, sino también los mecanismos de control que se establezcan y la distribución de las facultades de investigación.

Referencias