Amazon responde a la oposición local

Amazon Web Services (AWS, la división de servicios en la nube de Amazon) asegura que ha dejado de utilizar acuerdos de confidencialidad con los organismos públicos con los que trabaja para construir centros de datos. Su director ejecutivo, Matt Garman, presentó el cambio mientras la compañía intenta obtener permisos para nuevos proyectos y responder a la creciente oposición de algunas comunidades.

Los acuerdos de confidencialidad, conocidos como NDA (documentos que limitan qué información pueden divulgar las partes), se han convertido en uno de los principales focos de desconfianza. Para los vecinos, el problema no es solo dónde se construyen estas instalaciones, sino también cuándo reciben información y si pueden participar antes de que las decisiones estén prácticamente tomadas.

La transparencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de quienes viven cerca de los proyectos, según ha señalado la activista medioambiental Erin Brockovich.

Brockovich describió un patrón que, a su juicio, se repite: proyectos que se anuncian después de obtener permisos, promotores que no responden a las consultas y autoridades locales que han firmado acuerdos de confidencialidad antes de que sus vecinos supieran que se estaba evaluando una obra. Esa percepción puede alimentar la oposición incluso antes de que comiencen las construcciones.

Una disputa que ya influye en las decisiones públicas

El rechazo a los centros de datos está llegando a los gobiernos. Nueva York anunció una moratoria de un año para los permisos de grandes instalaciones de este tipo. Una moratoria es una suspensión temporal: no cancela necesariamente los proyectos, pero detiene o limita su aprobación mientras se revisan sus efectos.

Garman afirmó que en Estados Unidos se están considerando más de cien moratorias adicionales. Advirtió que, si se aprueban, el país podría perder terreno en la competencia por desarrollar infraestructura tecnológica y que las consecuencias podrían prolongarse durante generaciones.

«Como país, no podemos permitirnos encontrarnos en esa situación», sostuvo Garman al cuestionar las restricciones.

La discusión refleja dos preocupaciones que pueden coexistir: los centros de datos son necesarios para almacenar información y operar servicios digitales, pero también pueden exigir grandes cantidades de energía, agua y espacio. Para una comunidad, esto puede sentirse de manera concreta en el uso de recursos locales, la planificación de nuevas redes eléctricas y la incertidumbre sobre los impactos que tendrá una instalación cercana.

Agua: qué incluye y qué queda fuera de las cifras

Garman intentó responder a cuatro críticas frecuentes: que los centros de datos consumen demasiada agua, encarecen la electricidad, generan mucha contaminación y aportan poco a las comunidades donde se instalan. Para defender a Amazon, citó un informe de la propia empresa y afirmó que el consumo directo de agua de los centros de datos representa el 0,5 % del uso industrial total en Estados Unidos.

El directivo comparó esa proporción con el agua utilizada por campos de golf, el cultivo de almendras y otras actividades. Pero el alcance de una cifra es importante: el consumo directo dentro de una instalación no necesariamente incluye toda el agua vinculada a su funcionamiento.

El consumo indirecto también cuenta

La producción de electricidad puede requerir agua, al igual que la fabricación de los chips que permiten procesar datos. Por eso, una instalación podría reducir el agua que utiliza en sus propios sistemas y, aun así, depender de actividades externas que consumen ese recurso.

Nvidia afirmó recientemente que está eliminando casi por completo el uso de agua dentro de los centros de datos. Sin embargo, tanto esa afirmación como las cifras de Amazon han recibido críticas por no abarcar necesariamente el consumo asociado a la generación eléctrica y la fabricación de semiconductores (chips que procesan información).

Investigadores han pedido estudiar por separado el uso de agua y energía de estas instalaciones. También han señalado que no existen requisitos federales o estatales que obliguen a las compañías tecnológicas a informar esos datos de una manera común. Sin reglas compartidas, comparar proyectos y comprobar las afirmaciones de las empresas resulta más difícil.

Electricidad: distintas regiones, resultados distintos

Sobre las tarifas eléctricas, Garman dijo que los precios han subido en algunos estados con numerosos centros de datos, pero que en otros han bajado o han aumentado más lentamente. Según su explicación, cuando la electricidad se encarece, una causa principal es que la red es antigua y no se amplió antes de que llegara una mayor demanda.

La red eléctrica es el conjunto de líneas e instalaciones que transporta la energía desde donde se produce hasta hogares y empresas. Si esa infraestructura no se refuerza a tiempo, la llegada de grandes consumidores puede intensificar la presión sobre un sistema que ya necesita inversiones. No obstante, determinar cuánto corresponde a los centros de datos y cuánto a otros factores requiere analizar cada región.

Una organización independiente de vigilancia del sector atribuyó recientemente a los centros de datos un papel principal en un aumento interanual del 76 % en los precios del mayor mercado eléctrico de Estados Unidos. Esa evaluación contrasta con la explicación de Garman y muestra por qué el impacto sobre las facturas sigue siendo motivo de disputa.

Las afirmaciones sobre los precios no ofrecen una conclusión única: Amazon destaca diferencias entre estados, mientras que una entidad independiente relaciona los centros de datos con una fuerte subida en uno de los principales mercados eléctricos.

Emisiones: permisos máximos frente a funcionamiento habitual

La contaminación es otro punto de fricción. Garman criticó que los detractores se centren en la cantidad máxima de emisiones que autorizan los permisos, en vez de en cuánto funcionan realmente los equipos contaminantes.

Como ejemplo, un centro de datos de Amazon previsto en Texas tiene autorización para emitir hasta 33 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, una cantidad superior a la de cualquier otra central eléctrica del país. El dióxido de carbono es un gas que contribuye al calentamiento global. La cifra autorizada indica un límite legal, pero no demuestra por sí sola cuánto emitirá efectivamente la instalación.

Garman sostuvo que los generadores de los centros de datos casi nunca funcionan y que permanecen inactivos el 99,9 % del tiempo. Según él, se utilizan unas diez horas al año, principalmente para pruebas de mantenimiento obligatorias. La diferencia entre el máximo permitido y el uso habitual es clave para evaluar el impacto, pero las comunidades también pueden reclamar datos verificables sobre el funcionamiento real.

La disputa sobre las emisiones forma parte de una preocupación más amplia por los equipos de respaldo que pueden utilizarse cuando falla el suministro eléctrico. La NAACP ha demandado a SpaceX y xAI, empresas vinculadas a Elon Musk, por un asunto relacionado con la contaminación. Ese caso muestra que el debate no se limita a Amazon: también alcanza a otros proyectos tecnológicos de gran escala.

Empleo e inversión frente a la falta de confianza

Garman defendió que los centros de datos pueden aportar beneficios económicos a las comunidades. Afirmó que, durante los últimos tres años, Amazon ha contribuido con más de 1.000 millones de dólares a comunidades de Estados Unidos donde mantiene una presencia significativa de centros de datos.

La empresa presenta esas aportaciones como parte de su contribución local, pero para los residentes la evaluación también puede depender de otros elementos: si reciben información a tiempo, qué efectos tendrá el proyecto sobre los recursos y quién supervisará el cumplimiento de los permisos. Las inversiones anunciadas no eliminan automáticamente esas preguntas.

El anuncio de que Amazon ya no utiliza acuerdos de confidencialidad con las agencias públicas intenta abordar una de las críticas más visibles. Aun así, no aclara por sí solo qué información se hará pública, con qué rapidez se compartirán los documentos ni cómo participarán los vecinos antes de que se aprueben los proyectos.

La confianza como condición para avanzar

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, describió recientemente el rechazo a la inteligencia artificial como una «crisis de confianza». A su juicio, muchas personas parten de la idea de que los gobiernos y las empresas tecnológicas buscan perjudicarlas. Esa desconfianza puede extenderse a los centros de datos, aunque se trate de proyectos con efectos y necesidades propios.

La escritora Jasmine Sun observó que, cuando se presentan argumentos de las compañías tecnológicas a quienes se oponen a estas instalaciones, la respuesta suele ser: «No les creo». La frase resume el reto para Amazon: no basta con afirmar que un proyecto consume poca agua o que sus generadores casi nunca funcionan si los datos no pueden comprobarse de forma independiente.

La promesa de abandonar los acuerdos de confidencialidad puede ser un primer paso, pero recuperar la confianza dependerá de la información que se publique y de la posibilidad de verificarla.

En los próximos años, el debate probablemente girará tanto en torno a la construcción de infraestructura como a las reglas para medir sus efectos. Informes comparables sobre agua, electricidad y emisiones permitirían a las comunidades valorar los proyectos con más claridad. Sin esa transparencia, las promesas de inversión y los argumentos sobre la competitividad nacional podrían no ser suficientes para reducir la oposición.