El 6 de octubre de 2026, el presidente del Tribunal Supremo, Cho Hee-dae, compareció ante la Comisión de Legislación y Justicia de la Asamblea Nacional (국회 법제사법위원회) durante la auditoría parlamentaria anual del Tribunal Supremo y expuso su postura sobre la exigencia de proponer nuevamente a un candidato a magistrado y su negativa a prestar juramento como testigo y declarar. Los diputados del Partido Democrático de Corea sostuvieron que la facultad de propuesta del presidente del Tribunal Supremo era procedimental y auxiliar, y lo presionaron para que aceptara la petición del presidente Lee Jae-myung de presentar una nueva candidatura. Cho respondió que ni el Congreso ni el presidente podían intervenir en la propuesta, y que exigirle juramento y testimonio durante la auditoría podía vulnerar la separación de poderes y la independencia judicial.

Antecedentes y contexto

El conflicto se originó en el procedimiento para proponer candidatos a magistrados del Tribunal Supremo. Según las informaciones publicadas, después de que Cho propusiera a Son Bong-gi, juez presidente del Tribunal del Distrito de Daegu, la Casa Azul (청와대) le pidió que propusiera a otra persona, pero Cho se negó alegando que la Constitución (헌법) y las leyes no establecían esa posibilidad. La Casa Azul cuestionó que hubiera propuesto al candidato sin consultarla previamente, mientras que Cho explicó que las consultas previas habían sido una cooperación voluntaria destinada a facilitar un nombramiento rápido y fluido.

En el procedimiento para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, la Constitución distribuye las funciones entre la propuesta del presidente del Tribunal Supremo, la aprobación del Congreso y el nombramiento por el presidente. El núcleo del enfrentamiento es la diferencia de interpretación sobre hasta qué punto esas funciones pueden influirse mutuamente. Los diputados del Partido Democrático de Corea sostuvieron, en esencia, que la facultad presidencial de nombramiento incluye también la posibilidad de no nombrar, y consideraron la facultad de propuesta un trámite para cooperar con la selección presidencial. Cho, por el contrario, afirmó que el Congreso y el presidente no pueden intervenir en la propuesta y que la injerencia de la Comisión de Legislación y Justicia en ella sería inconstitucional por contravenir el reparto de competencias y la independencia del poder judicial. Estas son las posturas de las partes; las declaraciones en la auditoría que se han publicado no permiten establecer cuál de las dos interpretaciones es definitivamente correcta.

Durante la auditoría, el debate sobre la propuesta se entrelazó con la cuestión del juramento como testigo. Cho declaró que no podía prestar juramento ni testificar por respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial. Sin embargo, Seo Young-kyo, presidenta de la Comisión de Legislación y Justicia, procedió a tomar juramento a los testigos junto con los responsables de otras instituciones, sin haber autorizado que Cho se retirara. Al principio, Cho evitó responder o se limitó a intervenciones breves; aproximadamente una hora y cincuenta minutos después del inicio de la auditoría, sacó un texto que había preparado y explicó durante unos seis minutos los motivos de su negativa. Permaneció en su asiento durante unas dos horas y media por la mañana y no asistió a las preguntas de la tarde. Noh Kyung-pil, director de la Administración Judicial (법원행정처), explicó que el resfriado de Cho había empeorado.

Qué significa esta noticia

El debate va más allá de si se vuelve a proponer a un candidato y pone de manifiesto dónde se sitúan los límites entre el poder judicial, el Ejecutivo y el Legislativo en el proceso de selección y nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. La respuesta a si debe aceptarse la petición presidencial de una nueva propuesta puede variar según se considere la facultad de propuesta una competencia independiente y sustantiva o un trámite vinculado a la facultad de nombramiento. Hasta ahora, las informaciones publicadas recogen las posturas de las partes y el intercambio durante la auditoría; no se ha confirmado una resolución definitiva sobre la interpretación constitucional ni cuál será la próxima medida de la Casa Azul.

La cuestión también podría afectar a la composición del poder judicial y a la forma en que el Congreso supervisa a los cargos públicos. Según algunas informaciones, Cho dijo que se esforzaría por lograr que el Tribunal Supremo pudiera contar con su composición completa, pero aún no se sabe cómo se resolverá la cuestión de la nueva propuesta. Por ejemplo, si el procedimiento de nueva propuesta y nombramiento sigue sin concluir, podrían continuar las preocupaciones por las vacantes de magistrados y la composición del Tribunal Supremo. Sin embargo, las informaciones disponibles no permiten confirmar qué cambios concretos en la labor judicial podrían derivarse de ello.

También hay que distinguir las menciones al juicio político durante la auditoría de un procedimiento efectivo de destitución. El diputado Park Gyun-taek afirmó que la negativa a presentar una nueva propuesta podría ser motivo de juicio político, y la diputada Lee Soo-jin escribió en Facebook que Cho debería ser sometido a juicio político. Son afirmaciones de los diputados; no significan que se haya aprobado una acusación de destitución ni que el Tribunal Constitucional (헌법재판소) haya evaluado si corresponde destituirlo.

Información sobre instituciones y procedimientos relacionados

Una guía jurídica interna explica que los órganos del Estado o las entidades de gobierno local pueden solicitar un juicio de competencia cuando alegan que sus atribuciones han sido vulneradas o corren el riesgo de serlo. Las personas particulares no pueden solicitarlo, y deben cumplirse ambos plazos: presentar la solicitud dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento del motivo y, en todo caso, dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que se produjo. No obstante, con la información disponible no se puede confirmar si esta disputa sobre la facultad de propuesta puede someterse a un juicio de competencia ni qué instituciones cumplirían los requisitos para ser parte.

El juicio político es un procedimiento distinto. Según la guía, requiere que el Congreso apruebe una moción de destitución y que el Tribunal Constitucional determine si procede apartar al funcionario de su cargo. Por tanto, afirmar durante una auditoría que algo podría ser motivo de juicio político, o pedir que se inicie uno, no significa que el procedimiento haya comenzado ni que se haya decidido una destitución. Tampoco se ha confirmado si en este caso se impulsó efectivamente una moción de destitución.

El juicio de competencia y el juicio político difieren en quién puede solicitarlos y en sus procedimientos. Para determinar qué procedimiento podría aplicarse a este caso, deben examinarse los requisitos para ser parte y la naturaleza jurídica de las cuestiones planteadas.

Aspectos que las informaciones presentaron de forma distinta

La respuesta de Cho a la pregunta de Son Sol, diputada del Partido Progresista, «¿Sueña con ser un segundo Yoon Suk-yeol?» se recogió de maneras distintas según la información: «Es algo sumamente insultante y triste» y «Es algo sumamente insultante y doloroso». Ambas versiones coinciden en que respondió mostrando que se sentía insultado por la pregunta, pero no coinciden en la expresión final.

Lo que se sabe y lo que aún no se sabe

Hechos confirmados

  • El presidente del Tribunal Supremo, Cho Hee-dae, compareció el 6 de octubre de 2026 en la auditoría parlamentaria anual del Tribunal Supremo.
  • Hubo un enfrentamiento sobre la interpretación de la facultad de propuesta y la facultad de nombramiento a raíz de la petición de la Casa Azul de presentar una nueva candidatura y la negativa de Cho.
  • Cho se negó a prestar juramento como testigo y a declarar, invocando la independencia judicial y la separación de poderes.
  • Los diputados del Partido Democrático de Corea insistieron en que se presentara una nueva candidatura; Park Gyun-taek y Lee Soo-jin mencionaron la posibilidad o la necesidad de un juicio político.
  • Cho expuso su postura durante unos seis minutos con un texto que había preparado y no asistió a las preguntas de la tarde.

Lo que aún no se sabe

  • Mediante qué procedimiento se resolverá definitivamente la interpretación constitucional sobre la facultad de propuesta de los magistrados del Tribunal Supremo y la facultad presidencial de nombramiento.
  • Qué medidas adoptará posteriormente la Casa Azul ante la negativa a presentar una nueva candidatura.
  • Si la Comisión de Legislación y Justicia o el Congreso tomaron medidas posteriores relacionadas con la negativa a prestar juramento o declarar.
  • Cuándo y de qué manera se resolverán los procedimientos de nueva propuesta y nombramiento.

Qué conviene comprobar

  • En las próximas informaciones, compruebe qué medidas oficiales adopta la Casa Azul y cómo avanza efectivamente el procedimiento para proponer candidatos.
  • Distinga las declaraciones de las decisiones y medidas efectivas al comprobar si el Congreso inició un procedimiento de destitución o adoptó medidas posteriores por la negativa a prestar juramento o declarar.
  • Las instituciones o partes que estudien la posibilidad de solicitar un juicio de competencia deben comprobar si reúnen los requisitos para hacerlo y si cumplen ambos plazos. También deben tener presente que las personas particulares no pueden solicitar este procedimiento directamente.

Referencias