El presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee-dae, presentó una declaración de que no asistiría en respuesta a la petición de que compareciera como testigo ordinario en la auditoría parlamentaria del Tribunal Supremo prevista para el 6 de octubre. El Partido Demócrata le exigió que acudiera a la auditoría y diera explicaciones, y lo presionó para que dimitiera si no pensaba comparecer. En el centro de la disputa está si la Asamblea Nacional puede tratar mediante el interrogatorio de testigos asuntos de administración judicial relacionados con la propuesta de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo, y si ese proceso vulneraría la independencia judicial.

Antecedentes y contexto

El punto central de la declaración presentada por Jo es la naturaleza de la potestad de propuesta (la facultad de proponer candidatos a magistrados del Tribunal Supremo) y el alcance de su divulgación. Jo sostuvo que, dado que esa potestad es una atribución independiente del presidente del Tribunal Supremo reconocida por la Constitución, exigirle que declare sobre ella en la Asamblea Nacional podría contravenir el principio de separación de poderes y la independencia judicial. También afirmó que hacerlo no sería acorde con el propósito de la Ley de la Asamblea Nacional (국회법), que no impone al presidente del Tribunal Supremo la obligación de comparecer y responder ante la Asamblea Nacional.

Afirmó que no sería apropiado divulgar detalles sobre los datos personales de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo, asuntos delicados de los nombramientos en curso y el contenido de las consultas relacionadas con las facultades constitucionales del presidente. En la declaración también escribió que no podía descartarse la posibilidad de que se presentara una denuncia relacionada con el ejercicio de la potestad de propuesta y de que, posteriormente, se iniciara una investigación. Estas son las razones de incomparecencia expuestas por Jo; no significan que se haya establecido definitivamente, mediante un dictamen jurídico, que no tenga la obligación de comparecer.

El Partido Demócrata explica que el objeto de este interrogatorio de testigos no es un juicio concreto, sino lo que considera una situación inconstitucional surgida porque durante un largo periodo no se han propuesto candidatos a magistrados del Tribunal Supremo; es decir, un asunto de administración judicial. El portavoz Lee Yong-woo dijo que la ciudadanía quiere saber si, pese a que la Oficina de Administración Judicial (법원행정처) emitió una opinión favorable a una nueva propuesta de candidatos, Jo se negó a aceptarla e indicó que se consolidara la postura de rechazo. Se trata de una acusación planteada por un partido político; ni las circunstancias de lo ocurrido ni su constitucionalidad quedan confirmadas únicamente por lo que figura en la declaración y en las noticias.

Qué significa esta noticia

Este enfrentamiento es un caso en el que chocan dos principios: hasta dónde llegan las facultades de auditoría parlamentaria de la Asamblea Nacional y dónde debe protegerse la autoridad independiente del poder judicial. Se contraponen el argumento del Partido Demócrata de que la Asamblea Nacional puede exigir testimonios para pedir cuentas sobre la administración judicial y el argumento de Jo de que exigir que se revele su potestad de propuesta y las consultas relacionadas podría sobrepasar los límites que impone la separación de poderes. Ninguna de las dos posturas se ha convertido de inmediato en una interpretación jurídica definitiva.

Para la ciudadanía, están en juego tanto la rendición de cuentas del proceso de propuesta de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo como la protección de la independencia judicial. Si la Asamblea Nacional no puede examinar ese proceso, podrían limitarse las vías para pedir explicaciones sobre los nombramientos; por otro lado, si la exigencia de testimonio conduce a divulgar datos personales de los candidatos o consultas delicadas, podrían crecer las preocupaciones sobre la independencia de las atribuciones del poder judicial. Por ejemplo, si la Asamblea Nacional intenta determinar las razones del retraso en las propuestas, podría ser clave establecer si es posible distinguir entre las preguntas sobre el proceso de propuesta y la información sobre candidatos o consultas cuya divulgación sería delicada.

El Partido Demócrata sostiene que existe la obligación de comparecer, mientras que el presidente del Tribunal Supremo, Jo, declaró que no asistiría, invocando la independencia judicial y la potestad de propuesta. Este enfrentamiento, por sí solo, no permite concluir que se haya establecido la obligación del presidente del Tribunal Supremo de comparecer.

Aspectos que difieren entre las noticias

Aunque las noticias coinciden en los hechos de la citación y la declaración de que no asistiría, difieren en los aspectos que destacan. Una de ellas se centró en la exigencia de dimisión del portavoz del Partido Demócrata, Lee Yong-woo, y en su argumento de que existe la obligación de comparecer conforme al artículo 2 de la Ley sobre Testimonio y Peritaje ante la Asamblea Nacional (국회증언감정법). Otra informó sobre los motivos de incomparecencia de Jo, así como sobre la refutación del diputado Kim Eui-gyeom y los antecedentes de la designación de testigos para la auditoría parlamentaria.

Otra noticia señaló que Seo Young-kyo, presidenta de la Comisión de Legislación y Justicia, citó como fundamento de la exigencia de comparecencia el artículo 129 de la Ley de la Asamblea Nacional, el artículo 10 de la Ley de Inspección e Investigación Parlamentarias (국정감사 및 조사에 관한 법률) y el artículo 5 de la Ley sobre Testimonio y Peritaje ante la Asamblea Nacional. La presidenta de la comisión sostuvo que, si comparecía, también tendría que prestar juramento como testigo y declarar, y mencionó que sería posible adoptar medidas legales si no asistía sin una razón justificada. Estas son las afirmaciones y explicaciones de la parte parlamentaria; no constituyen un dictamen definitivo sobre los efectos jurídicos de la declaración de incomparecencia ni sobre la existencia de la obligación.

Hechos confirmados y aspectos aún desconocidos

Hechos confirmados

  • El presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee-dae, presentó una declaración de que no asistiría en respuesta a la citación como testigo para la auditoría parlamentaria del Tribunal Supremo del 6 de octubre.
  • La declaración mencionó la independencia de la potestad de propuesta, el carácter delicado de los datos personales de los candidatos y de los nombramientos en curso, y la preocupación por divulgar el contenido de las consultas con el presidente.
  • Jo también alegó como motivo para no asistir la posibilidad de que se presentara una denuncia relacionada con el ejercicio de la potestad de propuesta y de que se iniciara una investigación posteriormente.
  • El Partido Demócrata exigió que compareciera y diera explicaciones en la auditoría parlamentaria, y sostuvo que el presidente del Tribunal Supremo tampoco está exento de la obligación de asistir como testigo.

Aspectos aún desconocidos

  • Si Jo Hee-dae comparecerá efectivamente en la auditoría parlamentaria del 6 de octubre
  • Cómo responderá la Asamblea Nacional a la declaración de incomparecencia
  • El contenido concreto de las denuncias relacionadas con las propuestas y nuevas propuestas de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo, y si habrá una investigación
  • El dictamen jurídico definitivo sobre si el presidente del Tribunal Supremo tiene la obligación de comparecer como testigo en esta auditoría parlamentaria

Qué debe comprobar el lector

  • Conviene comprobar si Jo comparece efectivamente el día de la auditoría parlamentaria y qué respuesta da la Asamblea Nacional a su declaración.
  • Es importante examinar por separado los argumentos del Partido Demócrata y de Jo, y comprobar qué disposiciones legales y principios constitucionales invoca cada parte como fundamento de la obligación de comparecer.
  • Antes de que se confirme el contenido de las denuncias o el avance de una investigación relacionados con el proceso de propuesta y nueva propuesta de candidatos, conviene no considerar esos hechos como ilegalidades demostradas.

Referencias